El principal argumento del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en su defensa por sus vínculos con el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, quedó nula ayer, después de que la secretaria ejecutiva (s) de la CNA, Paula Beale, desmintiera que Díaz se abstuvo de votar la acreditación del instituto Incacea, propiedad de la familia de Ribera.
“(Díaz) comentó que tenía un contrato con el Ministerio de Justicia y que prefería, en el caso del Incacea, no hacer la relatoría. El se abstuvo de relatar, no de votar”, dijo Beale a TVN, echando por tierra la defensa del ministro que sostenía que “si él dejó constancia de que estaba inhabilitado para la relatoría, era lógico que estaba inhabilitado para votar”.
Casualmente, durante esa votación, Díaz acababa de terminar una asesoría al Ministerio de Justicia y dos semanas después realizó nuevos trabajos para la cartera de Ribera.
Aunque la acreditación para el instituto fue rechazada por amplia mayoría, el ex secretario del CNA, Patricio Basso, aseguró que tanto Díaz como el representante del Mineduc, José Luis Ugarte, votaron a favor de acreditar a la entidad de la que Ribera es dueño en un 7,5%.
“Según consta del acta, debió haber votado, porque no hay constancia de su abstención”, agregó Beale.
Por su parte, el ex secretario ejecutivo de la CNA Patricio Basso asegura que Díaz “no se abstuvo de la discusión ni de la votación”, además de insistir en que el del imputado fue uno de los dos votos favorables al Incacea, de un total de 13.
La situación del ministro en es complicada, y aunque desde La Moneda le han expresado su apoyo en dos ocasiones, sus constantes apariciones en prensa son algo que complican al Gobierno.
Ayer el ministro fue a Palacio por cuarta vez en menos de una semana para abordar el tema con la vocera Cecilia Pérez.
Poco antes, el ministro dijo que no vendería sus acciones del cuestionado instituto y defendió su pasado profesional. “O vamos a la hospedería del Hogar de Cristo a buscar hombres públicos que no tienen nada en el mundo y requieren colaboración o buscamos profesionales”, señaló a Canal 13.
Sin embargo, el panorama podría oscurecerse para Ribera, especialmente después de que se conociera que los fiscales que investigan el caso pidieron la información financiera de los últimos siete años de la Universidad Autónoma, de la que Ribera fue rector.